(Cádiz): Cuatro personas denunciadas por la policía de Jerez de la Frontera por hacer pintadas contra la alcaldesa del PSOE
Agentes de la Policía Local identificaron y posteriormente denunciaron ante la Inspección de Guardia de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía a cuatro personas, vinculadas al sindicato CGT, que fueron sorprendidas realizando ‘pintadas atentatorias’ contra la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez (PSOE), en plena vía pública, concretamente en el Polígono Industrial Bertola. El Ayuntamiento de Jerez (con mayoría absoluta del PSOE).
Según indicó el Ayuntamiento jerezano en el comunicado, tras identificar a estas cuatro personas, los agentes de la Policía Local se personaron en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para realizar las diligencias, a las que se adjuntó el material con el que se estaban realizando las citadas pintadas, así como ‘numerosas pegatinas, en las que se achaca a la alcaldesa el problema del paro’.
Asimismo, el Ayuntamiento vinculó varias pintadas similares en pleno centro de la ciudad, concretamente en el entorno de la Catedral, así como en el domicilio particular de la alcaldesa y en el recinto monumental del Alcázar, calificado como Bien de Interés Cultural ‘y por tanto sometido a especiales normas de protección debido a su valor histórico’, las cuales, fueron asociada a los cuatro compañeros.
La alcaldesa de Jerez y el Gobierno local emprenderá cuantas acciones legales consideren oportunas para responder a estos actos fruto de la reacción ante la suspensión de la relación laboral de 17 personas con la Gerencia Municipal de Urbanismo.
El juicio por los siete primeros despidos en la Gerencia Municipal de Urbanismo quedó ayer visto para sentencia tras la celebración de las vistas que se prolongó durante toda la mañana en el Juzgado de los Social número 2. La defensa de los trabajadores, pidió la “nulidad” de todos los despidos y solicitó en cada uno de los casos la “readmisión” inmediata de los trabajadores afectados al alegar “indefensión” por parte de los trabajadores y que los contratos estaban en “fraude de ley”.